ENTREVISTA
Entrevista con Jorge Bolaños, director general de la Inspección del Trabajo, sobre el conflicto laboral en el Hotel Las Veraneras, ubicado en el municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate, donde 15 trabajadores han sido despedidos por fundar un sindicato y se impide el acceso a los inspectores del Ministerio del Trabajo.
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| Jorge Bolaños, director general de la Inspección del Trabajo |
Lunes, 16 de diciembre 2013
En septiembre pasado, quince trabajadores del Hotel Las Veraneras, en Los Cóbanos, fueron despedidos por haber participado en la fundación del Sindicato de Trabajadores de Industria Gastronómica, Restaurantes, Hoteles, y Afines al Turismo (SITIGHRA). Alertados por las denuncias de los trabajadores, la Inspección General del Trabajo documentó infinidad de irregularidades en una primera visita al establecimiento, pero no pudo realizar una segunda por la oposición de la empresa.
En representación de la Rel-UITA entrevistamos a Jorge Bolaños, director general de ese organismo.
¿Cómo llega a conocimiento de la Inspección de Trabajo la existencia de problemas laborales en el hotel Las Veraneras?
En 2012 al menos seis trabajadores realizaron denuncias por no cumplimiento de sus pagos laborales. Y este año, en el que yo asumo, siguieron llegando denuncias. Esas denuncias las hacen los trabajadores acercándose a nuestra sede departamental.
¿Con qué situación se encuentran cuando visitan el establecimiento?
La primera vez que se llega a Veraneras es en mayo de 2012. En esta llegada se puntualizaron 154 infracciones por los motivos siguientes: no tener elaborados contratos de trabajo por escrito; no cumplir con la obligación de llevar archivo de pagos que consten en el caso de los salarios los días hábiles, de asueto y de descanso que laboren; no llevar control de asistencia de los trabajadores; no conceder pausa alimenticia de acuerdo a la ley; no conceder a los trabajadores el día de descanso compensatorio remunerado en la misma semana; no cumplir con la obligación de elaborar el reglamento interno de trabajo; o la obligación de fijar en un lugar visible un cartel contentivo de los nombres de los directivos de la empresa, con indicación de quién de ellos tiene la representación legal,…
Pero faltaba otra inspección, igualmente obligatoria según la ley, sobre las condiciones sanitarias y de seguridad. No pudimos realizarla porque nos dijeron “ya no van”, y así vez tras vez.
¿Y qué ocurre entonces?
Desde finales del 2012 los trabajadores empiezan a utilizar los medios electrónicos que pone el ministro del Trabajo en su despacho, y en 2013 llega la denuncia al Presidente Mauricio Funes a través de su programa radial “Conversando con el presidente”.
Funes ordenó luego al señor ministro que le remitiera un informe de todo lo que se había hecho en Las Veraneras en el que se consignaran las dificultades que había padecido nuestra oficina departamental. Además de eso, se ordenó a nuestra Unidad Especial ir también, y en una de tantas inspecciones que hemos hecho fue el Subdirector General de Inspección de Trabajo.
Tengo entendido que ustedes fueron especialmente diligentes en los trámites para la legalización del sindicato de los trabajadores del sector hotelero, SITIGRA. ¿Es así?
Tengo que decir que fue el Ministro del Trabajo, Humberto Centeno, quien agilizó la autorización y el registro de la organización sindical SITIGRA. Se priorizó este caso porque consideramos que los representantes sindicales corrían algún riesgo, así como para apoyar a los trabajadores.
¿En qué consistieron las dificultades que conoció la Oficina Departamental en Sonsonate?
En el Hotel Las Veraneras se resumieron básicamente en una: que se violó la Ley del Seguro del Trabajo, el mismo Código del Trabajo y la Ley General de Prevención de Riesgo en el Trabajo, que permiten acceso irrestricto al inspector en temas de seguridad y salud ocupacionales. Es de las pocas instituciones del Estado salvadoreño que puede acceder a un local sin más trámites que la identificación del inspector. Nos denegaron el ingreso y nos pidieron una orden judicial que no necesitábamos. Además, en la última ocasión hasta fuimos amenazados. Es algo preocupante.
¿Cómo han reaccionado ustedes?
Desde luego, la parte sancionadora, con importantes multas, está caminando ya. Son multas de procedimiento administrativo sancionatorio. Por normativa laboral es poco dinero, porque la ley es de hace un cuarto de siglo, pero por obstaculización a la normativa de seguridad y salud ocupacional, que es reciente, las multas son mucho mayores.
¿Y cuándo puede tardar este juicio?
De ocho a diez meses, o un poquito más. Depende de si ellos vienen con sus abogados.
¿Cómo valoran esta situación?
Está claro que como Ministerio de Trabajo no estamos satisfechos. Tememos que en algún momento pueda haber algún fallecido producto de alguna no observancia a las normas. No podemos dejar de supervisar un lugar solo porque a la empresa se les antoja no permitirlo. Son vidas de trabajadores, detrás de los cuales hay familias, y eso es lo que nos preocupa profundamente. No queremos poner multas nada más, queremos que nos permitan hacer nuestro trabajo.
Por: Por Ernest Cañada
Fuente: contrapunto.com.sv
Fuente: contrapunto.com.sv
