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| Asociacion de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) |
Por: ARPAS / www.arpas.org.sv / Editorial
Jueves, 06 de Diciembre 2012
Finalmente la Asamblea Legislativa eligió, con los 84 votos, al nuevo Fiscal General de la República. Después de meses de entrampamiento porque ARENA quería a Romeo Barahona y GANA a Ástor Escalante, fue nombrado alguien que goza de la confianza de ambos partidos de derecha: Luis Antonio Martínez.
El nuevo titular de la Fiscalía trabajó en distintos cargos con todos los gobiernos de ARENA, incluido el que presidió Antonio Saca quien representa el poder tras el trono en GANA. Por eso, desde el punto de vista de la independencia partidaria, Martínez no genera confianza.
Esta desconfianza aumenta cuando un gremio con credenciales antidemocráticas como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) caracteriza al nuevo Fiscal General como apolítico, independiente y competente.
Sin embargo, hay que darle el beneficio de la duda a Martínez y esperar sus actuaciones para juzgar su trabajo. Su perfil técnico sugiere cierta idoneidad y su elección por unanimidad debería traducirse en voluntad política para cumplir cabalmente su función constitucional de perseguir los delitos comunes y de cuello blanco.
Dicho esto, se esperaría que el nuevo Fiscal General defina al menos cuatro prioridades.
En primer lugar, acabar con la impunidad histórica en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas antes y durante la guerra civil: masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y otros delitos de lesa humanidad cuyas víctimas aún esperan justicia.
En segundo lugar, investigar los escandalosos actos de corrupción de los gobiernos de ARENA: la larga lista de robos, fraudes, malversaciones y otros delitos cometidos durante las administraciones de Alfredo Cristiani, Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca.
En tercer lugar, perseguir los delitos del crimen organizado: tráfico de drogas, lavado de dinero y demás ilícitos cometidos por bandas delictivas nacionales y trasnacionales que, penetrando las instituciones gubernamentales, pueden convertir a los países de la región en estados fallidos.
Y en cuarto lugar, combatir la violencia de las pandillas y evitar que queden impunes los miles de asesinatos, extorsiones y demás acciones de estos grupos criminales. Que la tregua pactada entre los principales líderes pandilleriles y demás acciones derivadas no sean sinónimos de impunidad.
