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| Asociacion de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) |
Por: ARPAS / www.arpas.org.sv / Editorial
Marte, 04 Diciembre 2012
Un tribunal de sentencia de Santa Tecla absolvió, al final de la semana pasada, a los empleados de Baterías Record acusados de la contaminación con plomo en Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico. Este bochorno suma a la impunidad que protege a los criminales ambientales.
El caso es grave, además, porque dos jueces habían denunciado intentos de soborno por parte de personeros de Baterías Record. Tras su resolución, esos jueces deben ser investigados para comprobar si la sentencia favorable a los acusados se debió a sobornos.
El caso Baterías Record se suma a tantos crímenes ambientales cometidos principalmente por empresas constructoras, industrias y grandes inversionistas que están impunes: la depredación de la finca El Espino y la Cordillera El Bálsamo, la contaminación del 90% de los ríos y quebradas del país, la contaminación minera en La Unión y Cabañas, etc.
Esta impunidad se debe en parte a la inexistencia de los tribunales ambientales que la Corte Suprema de Justicia no ha instalado, omisión que constituye una flagrante violación a la Ley de Medioambiente que los creó. Pero se debe, más que todo, a la falta de voluntad política de la Fiscalía y del Sistema Judicial.
Así Baterías Record, entre cuyos propietarios está el ex ministro arenero Miguel Lacayo, no pagará por la contaminación con plomo que causó daños irreversibles a la salud de centenares de pobladores de los alrededores de sus instalaciones.
El grave deterioro ecológico, causado por la criminalidad ambiental, convirtió al país en el más vulnerable del mundo: Según la ONU, el 87% del territorio nacional es zona de riesgo y el 90% de la población corre el peligro de sufrir algún desastre.
Por eso, la lucha contra la impunidad de los crímenes ambientales debe ser prioridad nacional. Esto implica enjuiciar a los responsables de delitos ambientales, crear los tribunales especializados para este tipo de crímenes, aplicar inmediatamente la Ley de Reordenamiento Territorial, entre otras medidas.
Adicionalmente, debe prohibirse definitivamente la explotación minera metálica y aprobarse la ley general de agua y la de agua potable y saneamiento.
La impunidad del crimen ambiental de Baterías Record debería despertar la indignación ciudadana y provocar una mayor movilización de las organizaciones ambientalistas que apoyan a las víctimas. Desde este espacio editorial apoyaremos ese urgente esfuerzo.
